La guerra por Malvinas fue una decisión política tomada por un gobierno ilegal, con la única intención de mantenerse dentro de la Casa Rosada, por algún tiempo más. Es justamente este contexto, el que marca la clasificación del hecho en la memoria social de los argentinos. Aquel gobierno era indigno de colgar entre sus días una llamada gesta heroica. No hay gesta heroica que puedan llevar adelante quienes han manipulado con la muerte, el secuestro y la tortura, persiguiendo a sus adversarios políticos. Los combatientes, en su inmensa mayoría enviados al campo de batalla con poco y nada de instrucción, y con apenas 18 años, fueron carne de cañón, a la hora de ir al escenario bélico, y también lo fueron a la hora de volver.

En la guerra por Malvinas murieron 649 soldados argentinos, 323 de ellos cayeron en el hundimiento del crucero General Belgrano. Los ex combatientes aseguran que a esta cifra hay que agregarle 500 más, que es la cantidad, aproximada, de ex -soldados que se han suicidado desde 1982 hasta nuestros días. Aunque no cuenta con una lista precisa, Rodolfo Merlino presidente del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata aseguró, hace tres años en una nota publicada en el diario La Nación, que eran 454 los casos de suicidio. Cada vez que un veterano se quita la vida, se sospecha del síndrome de stress postraumático. Sólo en Buenos Aires, unos 1500 combatientes de Malvinas lo padecían, según datos oficiales de 1996. Se trata de una patología que sólo en la década del 80 fue incluida en los manuales de psiquiatría. El stress postraumático que sufren los soldados después de una guerra, es un síntoma frecuente. La asociación de veteranos ingleses de Malvinas denunció que ya lleva registrado 264 suicidios desde 1982. Uno de ellos fue Charles Nish Bruce, comando paracaidista de la fuerza SAS, que se arrojó de un avión, sin su paracaídas.

La falta de reconocimientos, tras la derrota en las Malvinas, hizo que numerosos ex combatientes guardasen bien adentro sus temores y frustraciones. Eduardo Paz, con 38 años y seis hijos, aquejado por una profunda depresión y la falta de empleo, se mató arrojándose desde el monumento nacional a la bandera, en Rosario. Otelo Famulari, otro ex conscripto que entró en combate, estaba bajo tratamiento psiquiátrico, cuando se suicidó en abril de 1995. Éstos son tan solo dos de muchos casos similares. Sólo los soldados que regresaron a un entorno contenedor pudieron exteriorizar sus penas, y canalizar las duras experiencias de la guerra. Para muchos de estos veteranos, los años que siguieron a 1982 fueron tanto o más duros que los setenta y cuatro días de guerra. Apenas regresados de la batalla se les ordenó no hablar sobre lo sucedido en Malvinas, fueron ocultados. Algunos se aislaron y fueron presa de la depresión, el alcohol o la droga. Otros terminaron presos. En marzo de 2017 Adrián Verón, a los 54 años, decidió quitarse la vida, presuntamente sumido en una fuerte depresión, producto del flagelo que siguen padeciendo aquellos que se vieron involucrados en la guerra.

Los males de la guerra se extendieron también a los familiares de quienes participaron del conflicto. El conscripto chaqueño Alfredo Avalos, pasó de los 40 grados de temperatura de su provincia, al frío torturador de Malvinas. Sin ropa adecuada sufrió falta de circulación sanguínea en las extremidades y estuvo a punto de que le amputaran ambos pies. Pasó una larga temporada bajo atención médica. Finalmente, el adolescente se recuperó y pudo volver a su casa.  Pero fue demasiado para su madre, que estaba embarazada. Ella murió repentinamente poco después de su llegada. El “mal de la tristeza”, lo bautizaron algunos ex combatientes. Casos como el de Avalos se repitieron. Según la Federación de Ex Combatientes de la República Argentina, un estudio reveló que el 15% de los padres varones de los veteranos murieron en los cinco años posteriores al conflicto. La muerte de los padres de ex combatientes, en especial por problemas cardiovasculares o “el mal de la tristeza”, es otro de los negros resabios de la guerra.

Los ex combatientes recién en 1990 comenzaron a cobrar pensiones. Fue consecuencia de la sanción de varias leyes. La 22.674 estaba destinada a quienes habían sufrido una inutilización o disminución psicofísica permanente, como consecuencia de su intervención en el conflicto con Gran Bretaña. Fue aquella una ley que también otorgó beneficios a los deudos de personas fallecidas. Más tarde la ley 23.598 le otorgó una pensión graciable vitalicia a los veteranos de guerra que sufrieron incapacidades permanentes en el conflicto. Después, la ley 23.848, le otorgó 145 pesos a los ex combatientes. Un montó que se duplicó con la sanción de otra ley, la 24.659, que equiparó el montó con el sueldo de un cabo del Ejército. Paralelamente a la sanción de estas leyes se conformó, en 1994 por Decreto presidencial firmado por Carlos Menem, la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra, organismo que pasó a depender de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales y Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior.

Con los beneficios que los ex combatientes lograron, surgió un dato particularmente extraño, que hasta el día de hoy se mantiene. El crecimiento desmedido de ex soldados empadronados. Durante la gestión de Fernando de la Rúa, en 1999, se intentó un reempadronamiento, después de darse a conocer que aproximadamente 22 mil personas estaban cobrando los subsidios destinados a quienes estuvieron en el frente de batalla. Como en tantas otras áreas la administración De la Rua terminó sin claridad en el tema.

En la nómina de los Veteranos de la Guerra de Malvinas contenida en el Informe Oficial del Ejército Argentino, publicado en 1983, que incluye militares, civiles y conscriptos, la cantidad de combatientes en Malvinas ascendía a 9.997. En 1992 el Círculo Militar editó un libro donde se dio cuenta de la existencia de 14.020 Veteranos, considerando a los denunciados por la Armada y la Fuerza Aérea. Y en 1999 el Ministerio de Defensa sorprendió con la denuncia de 22.200 ex combatientes. Fue justamente en 1999 cuando el propio General Balza, antes de retirarse como Jefe del Ejército, hizo notar de las irregularidades al por entonces Ministro de Defensa Jorge Domínguez. Lo hizo en un documento reservado en el que comentaba que ese número de 22 mil combatientes que se benefician con las pensiones, no coincide con quienes estuvieron realmente en la gesta. La ley, especifica que son beneficiarios de los subsidios correspondientes, los ex soldados conscriptos, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, prefectura y Gendarmería destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas, o que hayan entrado efectivamente en combate en el área del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

Los años de lucha le permitieron a los ex combatientes alcanzar conquistas significativas. En 2004 gobierno realizó un censo intentando poner orden definitivo en el padrón de los ex combatientes. Dejó como resultado 25.528 inscriptos. Muchos más de los 9.997 que reconoció el Ejército en 1983, y también muchos más de los 14.120 que calculó en 1992 el Círculo Militar. Después de este censo el Gobierno nacional otorgó un aumento en las pensiones de guerra, del 130%. También obtuvieron becas de estudios y prioridades en puestos de trabajo. En provincias como Santa Fé y Misiones, recibieron viviendas gratuitas, y según la ley nacional 24.810 cada veterano puede dejar constancia en su documento nacional de identidad que se trata de un Héroe de la guerra por Malvinas. En 2016 se sancionó una ley (27.329) creando un régimen previsional especial de carácter excepcional para ex soldados conscriptos combatientes que hubieren participado en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en el teatro de operaciones Malvinas o hubieren entrado en efectivas acciones de combate en el área del teatro de operaciones del atlántico sur.