Por Claudio Leveroni

La justicia argentina, en especial la Federal y la Corte Suprema de la Nación, tienen un gran débito con la sociedad. La vertiginosa caída que ha sufrido su imagen y prestigio en los últimos años ha sido estrepitosa. Un derrumbe justificado en el accionar de magistrados y fiscales que inventaron causas, asumiendo un protagonismo lindero a la obsecuencia con el poder que era gobernante hasta hace dos meses, arrojando a un retrete la independencia que deben tener en procesos judiciales. Han avasallado principios elementales que consagra la constitución nacional al privar de libertad a dirigentes sociales y políticos en causas armadas a tal efecto.

Lo hicieron con la enorme complicidad de un selecto grupo de medios de comunicación que alentaron los desbordes del autoritarismo judicial. Medios que desplegaron noticias falsas acompañados de un discurso de odio embrutecedor para fomentar el avasallamiento que los representantes judiciales realizaron en procedimientos viciados de nulidad en causas de estremecedora endebles. Nuestro país no había vivido una situación similar, en el ámbito judicial federal, desde los años de dictadura militar cuando todas las garantías y derechos fueron vulnerados.

Hace pocas horas el presidente Alberto Fernández afirmó que en los últimos años se instalaron las noticias falsas con complacencia judicial y mediática. Una acción que fue acompañada por el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores.

La apreciación del Presidente es algo mucho más serio que una observación del pasado reciente que tiene víctimas en la actualidad. Es una denuncia que manifiesta la máxima autoridad democrática del país. Y destaco lo de democrática porque es una definición que no corresponde cuando hablamos de la justicia. Los jueces escalan a posiciones de privilegio sin pasar por un tamiz de bendición electoral. Saltan a escalones más jerárquicos por mecanismos relacionados a la manipulación del poder, aunque algunos de ellos accedan por concurso.

El recientemente fallecido Claudio Bonadio, llegó a ser juez federal seis años después de recibirse de abogado. ¿Qué curriculum se puede mostrar en tan poco tiempo, para merecer alcanzar la titularidad de un juzgado federal?. El mérito de Bonadio fue estar su nombre en la servilleta de Carlos Corach, el ex hombre fuerte del gobierno de Menem que le permitió a Bonadio escalar al punto más alto de su carrera judicial para realizar un verdadero estropicio en los últimos años bajo la tutela de la administración de Mauricio Macri.

El poder judicial, el menos democrático de los tres poderes constitucionales y único que no ha realizado una profunda autocrítica institucional de su performance en los últimos años, le debe explicaciones a la sociedad. En lugar de salir con comunicados amenazantes, como el conocido en las últimas horas relacionado con un proyecto oficial que busca reformular sus haberes jubilatorios, los magistrados, fiscales y defensores deberían iniciar de cara a la sociedad una profunda autocrítica. Se trata de un sector privilegiado con salarios suculentos abonados por el conjunto de los argentinos.

Un juez que integra la corte suprema de justicia recibe un sueldo mensual de 341.000 pesos, no pagan ganancias y se jubilan cuando se les da la gana a partir de los 60 años. El sueldo más bajo entre el personal que depende de la Corte Suprema es el de un auxiliar que gana por encima de los 56 mil pesos mensuales.

El sistema jubilatorio argentino tiene 8 mil magistrados bajo un régimen especial, cobran haberes que van de los 230 mil a 330 mil pesos mensuales, devorando unos 25 mil millones de pesos anuales. Son jubilados de privilegio porque los aportes que hicieron fueron bajo un sistema que los privilegió, eximiéndolo del pago de impuestos, a lo largo de toda su carrera.

El proyecto que ahora impulsa el gobierno plantea subir la edad para jubilarse de 60 a 65 años para los magistrados, elevar sus aportes jubilatorios del 12% al 18% y garantizarle el 82% móvil. En su comunicado la asociación de magistrados manifestó sorpresa y se quejó por las modificaciones que se intentan. Algunos periodistas judiciales aseguran que el enojo por la iniciativa del gobierno es tal, que los jueces, fiscales y defensores oficiales hablan de medidas más firmes en caso de prosperar lo que consideran un avasallamiento a sus privilegios.

Se supone que el principio de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados es un derecho que establece la Constitución para garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar que los otros poderes puedan, por medio de maniobras salariales, afectar esa garantía. Sin embargo, ese derecho, como todos los que consagra la Constitución, no es un derecho absoluto y debe ser compatibilizado con otras disposiciones que establece la Constitución.

Los máximos funcionarios del poder judicial de Argentina no pagan los mismos impuestos que el resto de los ciudadanos, cobran sueldos extraordinarios y el resultado de su tarea, especialmente en el fuero federal, desborda irregularidades. Los habitantes de este país esperamos aún una autocrítica que surja de quienes representan a uno de los tres poderes constitucionales.